Declaración de Santa Fe

Introductorio Confesional

El Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, está conformado por creyentes cristianos evangélicos con el propósito preponderante de defender la vida, desde la concepción hasta la muerte natural; y del matrimonio, como la institución establecida por Dios en la unión de un hombre y una mujer, nacidos como tales, que se complementan en ayuda mutua, amistad, intimidad, y respeto y que aseguran la perpetuidad de la humanidad, siendo así, la familia, la base de toda sociedad.

Reconocemos la existencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo; la inerrancia de las Sagradas Escrituras como norma de fe y conducta; y la pluralidad del Cuerpo de Cristo respetando sus distintas formas de gobierno, autónomas e independientes.

Reconocemos los valores del Evangelio como respuesta a las interrogantes de la sociedad respecto a la justicia, la equidad, la libertad, la identidad del ser humano y otras muchas inquietudes que lo angustian y que son distorsionadas por doctrinas y filosofías que lo alejan del diseño original con que fuimos creados.

Como Congreso Iberoamericano por la vida y la familia, no perseguimos o promovemos partidos ni intereses políticos,  económicos o cualquier otro que no sea el establecimiento de los principios y valores del Reino de Dios en todas y cada una de las naciones de Iberoamérica, dejando en libertado a cada creyente para ejercer sus derechos políticos.

Dios nos bendiga.

 

 

DECLARACIÓN DE SANTA FE, CDMX

Reunidos en Santa Fe, Ciudad de México, el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en el marco del I Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, en sesión plenaria, los líderes de organizaciones de la sociedad civil, religiosas y de gobierno provenientes de diecisiete países,

 

Convencidos

Que el ser humano es un ser integral con cuerpo, alma y espíritu, creado por Dios, y poseedor de una dignidad otorgada por su Creador, así como derechos esenciales e inalienables que emanan de su naturaleza. Dios creó al ser humano como hombre y mujer desde su concepción, siendo diferentes pero complementarios.

Que el reconocimiento del valor y del derecho a la vida de todo ser humano debe ser protegido desde la concepción hasta la muerte natural; persona es todo ser humano, y todo ser humano es sujeto de protección y de derechos. Que el homicidio de un ser humano antes de su nacimiento es tortura prenatal y constituye un crimen de lesa humanidad.

Que el matrimonio es un pacto sagrado entre un hombre y una mujer nacidos como tales, conformando una familia. Dentro de sus metas principales esta la ayuda mutua, la procreación y formación de los hijos, la cual debe ser reconocida, protegida y promovida. La familia constituye la piedra angular para construir una sociedad justa, libre, solidaria y conducente del bien común, es el lugar idóneo y seguro para la procreación y crianza saludable de los hijos.

Que todo niño tiene derecho a tener un padre biológicamente hombre y una madre biológicamente mujer, por lo que en función del interés superior del niño, rechazamos su adopción por personas con atracción por el mismo sexo.

Que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. La educación tanto física como psicológica, social, cultural, moral, espiritual y emocional, tiene por objeto el pleno desarrollo del ser humano en las distintas etapas de su vida. Corresponde a los Estados otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

 

Pactaron los siguientes

Acuerdos

PRIMERO. Los presentes se constituyen en la Asamblea General Interina del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia.

SEGUNDO. Se crea un Comité organizador integrado por diez miembros con el objeto de:

  1. a) Elaborar un proyecto de trabajo para el periodo 2017- 2018.
  2. b) Convocar a un Consejo de Naciones que participe en la organización, difusión y promoción del Congreso Iberoamericano por la vida y la familia.
  3. c) Convocar a una asamblea constitutiva del Congreso Iberoamericano por la vida y la familia en febrero de 2018, en la ciudad de México.

TERCERO. Se crea un Comité redactor de la declaración de Santa Fe, en el plazo de dos meses, contado a partir de esta fecha.

Los acuerdos fueron aprobados unánimemente por líderes provenientes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico República Dominicana, y Uruguay, quienes plasman su firma en muestra de conformidad y compromiso para su efectivo cumplimiento.

Declaración de Santa Fe, Ciudad de México, 

por el derecho a la vida y la protección de la familia.

El papel fundamental del matrimonio y la familia son valores tan obvios que no necesitarían discusión, sin embargo hoy día estamos presenciando la destrucción sistemática del concepto de familia bajo la falsa bandera de los derechos humanos, garantías individuales y libertades civiles. La ciencia debería ayudar a la sociedad a tomar decisiones que contribuyan al progreso humano y social, pero hoy está siendo desplazada en las decisiones políticas sobre el aborto, el cambio de sexo y las uniones del mismo sexo equiparadas al matrimonio, entre otros ejemplos.

El vínculo matrimonial responde a un dato fundamental de la realidad humana: su condición sexuada. No es fruto del arbitrio humano, ni se puede reconfigurar según las épocas, culturas o intereses de grupos particulares.

Frente a las distorsiones culturales e ideológicas imperantes, debemos regresar a la ecuanimidad científica que reconoce la verdad objetiva de la sexualidad binaria, varón y mujer, para entender el matrimonio como una relación integral que incluye amistad, compañerismo, intimidad, eros, respeto mutuo y trabajo conjunto y, en cuanto a la formación de la familia, concebir, criar y proteger a los hijos para la salud de la comunidad y el futuro de la nación.

El matrimonio y la familia constituyen la célula básica de toda sociedad, el pasado, presente y futuro de la humanidad. El matrimonio es el ámbito privilegiado donde no sólo se genera la vida humana, sino también se le acoge, gesta, fortalece y humaniza.

 

El Derecho humano a la vida

Todo ser humano posee derechos esenciales e inalienables que emanan de su naturaleza, por lo que el reconocimiento del valor y del derecho a la vida de todo ser humano debe ser indiscutiblemente protegido por el Estado desde la fecundación hasta la muerte natural. Este es un derecho natural, originario, primario, absoluto y universal. Es un bien jurídico fundamental de la persona ya que a través de él se concretizan todos los demás y sin él ningún otro derecho tendría realidad. Es un bien protegido por las Constituciones, Leyes y Tratados Internacionales; es el reconocimiento innegable que el Estado hace a la existencia del ser humano. Toda violación a este derecho tiene por definición carácter irreversible, porque implica la desaparición del titular del derecho. Por ello, los poderes públicos tienen el deber de no lesionar por sí mismos, o por la participación de terceros, la vida humana y, por el contrario, tienen el deber de protegerla efectivamente.

La ciencia nos asegura que la vida humana comienza con la fecundación y como tal debe ser reconocida, respetada y garantizada; es inviolable desde ese momento hasta su muerte natural. Esta inviolabilidad se expresa, en términos jurídicos y sociales, en el denominado derecho a la vida: La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 6º dice: “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida” (UNICEF 1989). No es lícito discriminarlos según sean “deseados” o “no deseados” para justificar abortarlos porque se introducen en la dinámica social mecanismos de exclusión y discriminación entre los niños por nacer. El aborto no es inocuo, puede dejar secuelas perdurables; su promoción no facilita en nada el empoderamiento de la mujer.

 

El papel fundamental del matrimonio y la familia

El matrimonio, como institución civil, nace como reconocimiento e instrumento de protección que el Estado debe hacer de la única forma natural –existente antes del Estado y del Derecho– de perpetuar la especie y formar la microsociedad llamada familia. El matrimonio civil es, por lo tanto, el acto jurídico que surge de la unión entre un hombre y una mujer, nacidos como tales, conformando una familia, la cual debe ser reconocida, protegida y promovida por el Estado.

La familia constituye la piedra angular para construir una sociedad justa, libre, solidaria y conducente al bien común; es el lugar idóneo y seguro para la procreación y crianza saludable de los hijos. En la familia se genera el capital social que potencia la economía, la productividad y el progreso técnico. En el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño se establece: “la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”. La familia sostiene a la sociedad civil y aumenta el capital humano y social, pues desarrolla hábitos de trabajo estables y autoconfianza para el desarrollo de aptitudes útiles y necesarias en la vida; es también el principal agente de desarrollo sostenible, social, demográfico y económico. Es la opción que menor costo de inversión supone, tanto para sus miembros como para el Estado. La socióloga Landa Cope, dice: “Nada podremos llevar acabo en nuestra comunidad o país que no hayamos antes conseguido en el microcosmos de nuestro hogar y familia. Reproducimos lo que somos y esto se revela mayormente en el hogar, en donde se comparte la vida diaria”.

Los padres y no el Estado, son los responsables de la educación en valores de los hijos, la instancia de educación que capacita a la persona tanto física como psicológica, social, cultural, moral, espiritual y emocionalmente para formar su personalidad y adaptarse a la sociedad. Corresponde a los Estados otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

La familia es la institución que goza de mayor valoración por parte de los ciudadanos; sin embargo, ha sido la gran abandonada de las administraciones. No se puede sostener la contradicción de desear que la familia sea un organismo con responsabilidades sociales y al mismo tiempo negarle derechos, privarle de recursos y no defenderla a través de políticas de promoción, protección y desarrollo de la institución familiar.

Es imprescindible que los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y los organismos internacionales se obliguen a reconocer el valor vital de la familia y su función relevante en el desarrollo de la sociedad, y que lo reflejen a través de medidas de carácter legislativo, económico, social y jurídico, de modo que tengan en cuenta a la familia como grupo social a través del cual puedan llevar a cabo sus fines específicos.

 

Defensa de las libertades democráticas

En toda Iberoamérica la influencia de la llamada ideología de género ha ido ganando espacios en educación, estructuras sociales y legislaciones, estableciendo privilegios incompatibles con la igualdad de todos los ciudadanos, un elemento básico de la democracia. Está imponiendo lo que “está permitido y lo que está prohibido” pensar o expresar, y lo hace en todas las áreas de la actividad pública, sustituyendo la libre concurrencia de ideas por el adoctrinamiento, usando acusaciones y el miedo, minando libertades. Los datos que la investigación científica ofrece están siendo intencionadamente ignorados en el proceso de imposición de esta doctrina donde la discrepancia es tildada de homofobia.

Marca directrices que liquidan a la familia integrada con un padre y una madre y promueve el aborto. Se normativiza el cambio de identidad sexual y civil de la persona, se alteran los derechos civiles y los roles para la familia y la ciudadanía; el padre de familia pierde noción de su responsabilidad y autoridad; a la maternidad natural se le suma, suplantándola, el alquiler de vientres. Se coarta a los padres el derecho de educar a sus hijos de acuerdo con sus principios y valores; se vulnera el derecho de

los niños, especialmente en el tema de adopción, cuando se privilegia a los adoptantes sin considerar el interés superior del menor; se viola el derecho a la libertad de enseñanza; se promueve una educación particularmente sesgada con la implantación de la ideología de género.

Se viola la soberanía de las naciones en las normativas relacionadas con la vida, la dignidad humana, la educación, la familia y la libertad de expresión, que una mayoría social no comparte y que tienen un dudoso encaje en muchas de nuestras Constituciones, que son las expresiones soberanas del constituyente primario de las naciones. Supone esto un retroceso en el progreso social y la profundización democrática.

Ante esto, convocamos a la sociedad civil a levantarse en defensa de los derechos fundamentales, como el de la vida, el respeto a las competencias propias de la familia, el derecho a la objeción de conciencia y la libertad de expresión; éstos son derechos que no se votan ni se conceden, sino son inherentes a la persona; sin ellos la democracia no es democracia.

 

PROPUESTAS

Estamos firmemente convencidos de que la sociedad actual puede avanzar con más consistencia y alcanzar mejor sus metas desde la defensa de la vida y la familia. En consecuencia, proponemos las siguientes políticas sociales a desarrollar en leyes y cartas orgánicas y foros internacionales:

  1. Promover legislación que defienda el derecho humano a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural.
  2. Prevención del aborto con ayuda a la madre en situación de desamparo. Información a las gestantes de las alternativas éticas al aborto. Facilitación de la adopción.
  3. Reconocimiento de que el matrimonio, definido como la unión entre un hombre y una mujer nacidos como tales, es la institución fundamental para salvaguardar la perpetuidad y el adecuado desarrollo de la especie humana.
  4. Reconocimiento de que es competencia de la familia la educación en valores de sus hijos.
  5. Desarrollar políticas públicas, dirigidas a la familia, con presupuestos específicos que definan claramente responsabilidades y articulen, transversalmente, acciones de instituciones públicas, privadas y sociales.
  6. Toda legislación producida incluirá un apartado de valoración de impacto sobre la familia. Las estadísticas o estudios oficiales deberán incluir indicadores sobre la familia a través de Observatorios de la Familia con participación ciudadana.
  7. Políticas de prevención social que concilien la práctica laboral, tanto de las mujeres como de los hombres, con la vida familiar.
  8. Reconocimiento del valor económico, social y educativo del trabajo no remunerado en la familia y los hogares. Promover la compensación de gastos directos e indirectos asociados a la familia.
  9. Políticas de vivienda y urbanismo que tengan en cuenta a la familia y ayuden a crear entornos urbanos humanizados que satisfagan sus necesidades.
  10. Valoración de la familia desde un punto de vista intergeneracional, con las necesidades que ello genera y con la valoración de las personas mayores como una fuente de bien para la sociedad.